Ante el éxito de su última medida, que garantizaba el derecho de huelga de los docentes de Primaria y Secundaria, la responsable de la Consejería de Educación de Cantabria ha decidido de forma “consensuada con los agentes sociales imaginarios” ampliar el número de personas susceptibles de ser consideradas servicios mínimos ante la eventualidad de una huelga salvaje y desconsiderada. “Hay que asegurar el derecho de nuestros retoños a la educación, o por lo menos al recogimiento. Que esos kindergarden que todos conocemos como colegios o institutos sigan abiertos y la fiesta de la Educación continúe”, indicó la dirigente. La iniciativa consistirá en ampliar el radio de acción de los centros educativos para de esa manera abrirlos definitivamente a la sociedad y considerar potenciales servicios mínimos a “todas las personas físicas y jurídicas que se hallen a menos de un kilometro de los mismos”. La original medida, inédita en el hemisferio norte, no ha tenido contestación por parte de los agentes sociales que la están valorando en la cafetería La Viña, según fuentes contrastadas. Sin embargo, la recepción ha sido mixta entre las personas y empresas con residencia aledaña a los centros. Así las cosas, José Gutiérrez, gerente y único empleado de “Ortopedias Gutiérrez” denuncia que ha recibido un burofax amenazante cargado de bilis (sic) en el cual le instan a estar atento a la puerta del centro por “si tiene que cubrir una guardia o hacer de técnico auxiliar en Infantil”.
Para salvaguardar el derecho a la huelga con prudencia y proporcionalidad, Educación ya ha adquirido una remesa de inspectores educativos, modelo T-1000.
