El fin del sueño español está cerca. Los orgullosos propietarios de mueble bar en sus domicilios corren peligro de ser denunciados y multados por la comisión de un delito leve contra la salud pública. Según fuentes contrastadas la conservación y almacenaje de bebidas alcohólicas de alta graduación obsoletas y cuyo uso y disfrute quedó relegado a los albores del siglo XX no puede tener lugar en una sociedad avanzada, moderna y multicultural como la nuestra.
Según Reinaldo Seisdedos, delegado del Hábito Alcohólico de la Comunidad de Madrid y tres veces campeón regional de tiro al pichón: “hay botellas en esos lugares de almacenaje infectos que nadie sabe ya para qué sirven, como el Cynard, el Licor 43 o el Benedictine”. A estas razones añade la teoría de que “pueden causar envenenamientos, cegueras y alucinaciones”. El Instituto Nacional de Estadística ha comunicado a esta redacción que, en efecto, la última remesa de Calisay se vendió en Burgo de Osma en enero de 1982 mientras que la Policía Nacional de ha incautado de tres cajas de Pippermint en un local de alterne de Quintanilla de Onésimo.
El Instituto Nacional de Salud ha contabilizado varios casos de intoxicaciones con alcoholes sin trazabilidad durante el confinamiento como el de una señora de edad avanzada que al no parar de repetir “Chartreuse” hizo necesaria la presencia de un intérprete de francés.
