La formación Unidas Podemos ejercerá toda su influencia en el Gobierno para nacionalizar la conocida empresa de reparto de pizzas a domicilio. Varios cargos electos a los que esta redacción ha tenido acceso aseguran que la decisión ya está tomada y los repartidores de pizza así como el personal de tienda pasarán –tras la pertinente oferta pública de empleo– a ser considerados funcionarios encuadrados en los grupos D y C , respectivamente.
La razón de fondo es la consideración del reparto de comida como “sector esencial para el abastecimiento”, aunque no cabe duda de que la excepcional situación actual pudiera haber acelerado las cosas. La transición desde el ámbito privado al público será gradual y se prevé que estará completada en diciembre. Genaro Ramírez, secretario general de Nacionalizaciones Sumarias de la formación morada, revela que la prueba piloto llevada a cabo en Soria ha sido “esperanzadora, aunque no exenta de puntos a mejorar”.
Muchos consumidores –sin embargo- se quejan de retrasos en las entregas: “pedí una pizza familiar y me la trajeron al día siguiente” indica Guzmán Ruimuño, agricultor jubilado. Se ha sabido que muchos repartidores paran a mediodía allí donde se encuentren para almorzar y que utilizan las motos como transporte personal después de su jornada laboral. Varios sindicatos han solicitado que los trabajadores sean considerados autoridad pública y por ende estén autorizados para portar un arma reglamentaria en su horario laboral.
